La Policía Nacional detiene a dos mujeres en Alcantarilla por simulación de delitos.

Presentaron denuncias por delitos de malos tratos y quebrantamiento de condena, y por un robo con violencia e intimidación

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Murcia pertenecientes a la comisaría Local de Alcantarilla han detenido a dos mujeres de 32 y 51 años de edad y de nacionalidad española, por presentar denuncias falsas, en la Comisaría de Alcantarilla, en uno de los casos por el presunto delito de malos tratos y quebrantamiento de condena contra su expareja y en el otro hecho simulaba un robo con violencia e intimidación en el que le sustrajeron un teléfono móvil y dinero en efectivo.

Tras las denuncias presentadas, se inician las investigaciones por separado, para lograr esclarecer los hechos, cosa que consiguen los agentes poco después, pudiendo comprobar que ambas denuncias estaban fundamentadas en hechos falsos.

La simulación de delitos está contemplada en el Código Penal español como un delito contra la Administración de Justicia, cuya comisión conlleva pena de multa de seis a doce meses, junto con la generación de antecedentes penales.

En muchas ocasiones, estas simulaciones tienen como objetivo la reclamación ante compañías de seguros, acción esta también delictiva, si bien en este segundo acto, la figura penal aplicable sería la de la falta o delito de estafa, dependiendo del importe defraudado.

La casuística es diversa, aunque en la mayoría de los casos consiste en denunciar un robo violento donde hubo un hurto o un simple extravío de efectos.

Este tipo de denuncias fraudulentas suponen una importante distracción de efectivos policiales, que han de dedicarse a investigar supuestos robos violentos u otro tipo de infracciones, generalmente graves, que nunca tuvieron lugar, además de una estafa a las compañías aseguradoras. Una vez remitidos los atestados a la autoridad judicial pueden conllevar la práctica de otras diligencias igualmente inútiles por la falta de veracidad de los hechos. Es por este motivo por lo que se considera que estas actuaciones atentan contra el correcto uso y funcionamiento de los mecanismos que la administración de justicia, y las fuerzas y cuerpos de seguridad ponen a disposición de los ciudadanos.

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