El desahucio de Antonia Mayol y su familia, previsto para la mañana de este martes en su vivienda de la calle Martínez Campos de Alcantarilla, ha sido finalmente suspendido de forma temporal hasta el próximo 22 de septiembre. La decisión permite ganar tiempo mientras el juzgado resuelve el recurso presentado por la defensa de la familia, que solicita la aplicación de la moratoria hipotecaria vigente hasta 2028.

La paralización se ha producido tras la concentración de decenas de personas a las puertas del domicilio —entre activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), integrantes de Yayoflautas, militantes de IU-Verdes y la concejala no adscrita del Ayuntamiento de Alcantarilla, Lara Hernández— que han acudido para impedir el lanzamiento y visibilizar un caso que consideran paradigmático de la crisis habitacional.

Desde la PAH, el mediador José Antonio Vives ha denunciado la "grave inseguridad jurídica" que rodea el proceso, señalando que el procedimiento de desahucio impulsado por la empresa Promotora Coliseo se basa en una ocupación que "no es tal", ya que la situación de la familia deriva de una ejecución hipotecaria previa con dación en pago. En este sentido, ha subrayado que existe un recurso en curso que podría permitir a Antonia acogerse a la moratoria legal y permanecer en la vivienda varios años más.

"El juzgado ha tardado meses en responder a recursos anteriores, y ejecutar ahora el desahucio sin resolver el actual podría provocar un daño irreparable", ha advertido.

En la misma línea, el portavoz de la PAH, Paco Morote, ha insistido en que la afectada cumple los requisitos establecidos en la legislación para beneficiarse de la suspensión de lanzamientos. "Estamos ante una situación profundamente injusta. Se pretende expulsar a una familia vulnerable sin esperar a una resolución judicial clave", ha señalado, al tiempo que ha vinculado este tipo de casos con la eliminación del escudo social en el Congreso, lo que —según denuncia— está facilitando el avance de los desahucios.

La situación de la familia es especialmente delicada. Antonia, de 63 años, se encuentra en situación de baja por enfermedad y convive con su hija, pensionista por incapacidad permanente, y con su hijo joven en formación. Ambas mujeres cuentan con discapacidad reconocida, lo que agrava el escenario de vulnerabilidad. Además, según han confirmado tanto la PAH como el propio Ayuntamiento de Alcantarilla, no existe en estos momentos ninguna alternativa habitacional disponible desde los servicios públicos.

"Lo único que pueden ofrecer son soluciones temporales como pensiones durante unos días, pero no hay vivienda pública suficiente para responder a estos casos", ha explicado Vives, quien ha alertado de que esta situación no es aislada y podría repetirse en múltiples hogares de la Región en las próximas semanas.

Por su parte, la coordinadora regional de Izquierda Unida-Verdes, Penélope Luna, ha valorado el aplazamiento como "una pequeña victoria de la movilización social frente a la lógica de los fondos buitre", aunque ha advertido de que la situación de fondo permanece intacta. Luna ha señalado que este caso "evidencia el fracaso de las políticas públicas en materia de vivienda", denunciando que las administraciones están dejando a las familias vulnerables "sin red de protección y sin alternativa habitacional real", mientras ha exigido la recuperación urgente de mecanismos como el escudo social y la ampliación del parque público de vivienda.

Tras conocerse el aplazamiento, Antonia ha agradecido muy emocionada el apoyo recibido, aunque ha reconocido el desgaste acumulado por meses de incertidumbre. "Yo solo quiero vivir dignamente, pagando mis cosas como estoy haciendo. No sé qué quieren más de mí", ha declarado entre lágrimas, reclamando una solución estable para ella y su familia.

El aplazamiento hasta septiembre no resuelve el fondo del problema, pero introduce una ventana temporal decisiva. Durante este periodo, la resolución judicial sobre el recurso marcará el futuro inmediato de la familia, mientras colectivos sociales advierten de que el caso de Antonia refleja un fallo estructural: la ausencia de políticas públicas eficaces que garanticen el derecho a la vivienda frente a la presión de los fondos de inversión.

Desde las organizaciones convocantes se insiste en que la movilización social seguirá siendo clave en los próximos meses. "Hoy se ha ganado tiempo, pero la amenaza sigue ahí", advierten.