La concejala del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Alcantarilla, Lara Hernández, ex Portavoz de Igualdad y ex diputada regional del PSOE, ha registrado hoy una moción para instar al Gobierno Regional de la Región de Murcia a garantizar que todas las interrupciones del embarazo -incluidas las que se realizan por malformaciones graves del feto o por riesgo para la salud de la madre- se practiquen en los hospitales públicos de la Región, sin derivaciones injustificadas, sin demoras y sin someter a las mujeres a procesos dolorosos o indignos.

La moción llega tras la publicación de una nueva denuncia médica en medios regionales, donde un ginecólogo ha alertado sobre prácticas crueles, desfasadas e incluso peligrosas que se siguen realizando en la Región de Murcia, así como de la persistente negativa del sistema a garantizar este derecho en condiciones dignas.

Hernández recuerda que ya denunció esta situación durante su etapa como diputada en la Asamblea Regional, cuando reveló públicamente, junto a la Plataforma de Mujeres Expulsadas de la Sanidad, que la Región de Murcia expulsaba a las mujeres de los hospitales públicos, obligándolas a viajar a cientos de kilómetros para interrumpir embarazos, incluso en casos de inviabilidad fetal o riesgo para la madre.

"Han pasado los años y sigue todo igual. El Gobierno Regional ha seguido ocultando esta realidad, derivando mujeres, retrasando procedimientos y dejando que el dolor de miles de ellas dependa del criterio ideológico de quienes gobiernan esta Región. Y si nadie más lo denuncia como se debe, lo seguiré denunciando y gritando desde donde tenga voz."

La concejala recuerda que la Ley Orgánica 2/2010 y su posterior reforma son claras: "todas las mujeres tienen derecho a ser atendidas en su propia comunidad autónoma, dentro de su sistema público de salud y sin interferencias ideológicas."

"Lo que está ocurriendo en nuestra Región es violencia institucional. Mujeres que ya están viviendo un dolor devastador son obligadas a pasar por procesos indignos, por esperas que no tienen justificación, o directamente enviadas fuera. Es inconstitucional, es ilegal y es profundamente inhumano."

Aunque el Ayuntamiento de Alcantarilla no tiene competencias sanitarias, Hernández defiende que sí tiene responsabilidad de exigir al Gobierno Regional el cumplimiento estricto de la ley y la defensa de los derechos humanos y de las mujeres:

"Yo sigo denunciando lo mismo que denunciaba desde la Asamblea. Sigo defendiendo lo mismo de siempre porque nada ha cambiado. Y si veo que no se levanta la voz por estas mujeres donde se debe, lo haré yo desde donde esté. Una mujer no pierde sus derechos por vivir en la Región de Murcia."

La moción presentada incluye seis puntos de acuerdo, entre ellos la exigencia de que se revisen y actualicen los protocolos clínicos, el compromiso de prohibir prácticas obsoletas o dolorosas que ponen en riesgo a las mujeres, la garantía de acompañamiento psicológico y emocional y la obligación de que ninguna mujer sea derivada fuera de la Región salvo que ella misma lo solicite.

Hernández concluye con un mensaje claro: "Mirar hacia otro lado también es violencia. La Región de Murcia no puede seguir siendo un lugar donde los derechos de las mujeres dependen del gobierno de turno. Es hora de poner fin a décadas de silencio, de miedo y de dolor innecesario."